La inmigración abre una brecha en Europa: cae el gobierno de Países Bajos y las políticas se endurecen

Wilders ya había advertido la semana pasada de que tomaría esta decisión si el gobierno no aprobaba un plan de diez puntos para poner coto a lo que considera una «inmigración descontrolada». Entre sus exigencias se encontraban el control de las fronteras por parte del ejército, que se rechazasen todas las peticiones de asilo y que se repatriase a todos los sirios que tengan estatus temporal, aduciendo que el dictador allí ha caído y que ya es un país seguro. Además, quería que se impusiera la política de 'un aviso y estás fuera' para los inmigrantes que delinquen. «Tenemos que quitarnos los guantes», sentenció.

Pero el Ejecutivo no lo ha hecho y Wilders ha cumplido su promesa. «Han puesto cien mil excusas», espetó el miércoles a sus socios de gobierno, a quienes repitió que no se arrepiente de haber tomado una decisión calificada de irresponsable. «Nos estamos quedando atrás», subrayó. El PVV aduce que las medidas que reclama ya se implementan en otros países europeos, y Wilders señala directamente a Alemania.

En Berlín, el gobierno del nuevo canciller Friedrich Merz ha decidido responder al auge de AfD, convertida ya en la segunda fuerza parlamentaria, haciendo propias algunas de las propuestas de la ultraderecha en materia migratoria. No en vano, el mes pasado, el ministro del Interior, Alexander Dobrindt, anunció un refuerzo policial de las fronteras germanas y un cambio en la política de asilo que facilite la denegación de solicitudes.

«No vamos a cerrar las fronteras, pero los controles serán más estrictos y contarán con más efectivos policiales. De esta manera, aumentará también el número de personas devueltas», explicó. Merz ha prometido incrementar también las deportaciones de quienes ya se encuentran en Alemania, una de las promesas de campaña que hizo AfD durante las últimas elecciones, en las que acuñó un término cada vez más utilizado: la 'remigración'.

Sin duda, la migración se ha convertido en uno de los asuntos más relevantes -y polarizantes- de la política europea. Países que en su día abrieron las puertas a los refugiados, como Suecia, tratan de revertir sus políticas ante el dramático incremento de la delincuencia y la creación de guetos, una realidad de la que se que alimenta la ultraderecha.

El panorama político se ha complicado. Seis países europeos -Italia, Finlandia, Hungría, Eslovaquia, Croacia y la República Checa- están gobernados ya por la extrema derecha. Por otro lado, Portugal es el último país en sumarse al grupo en el que se ha convertido en segunda fuerza política con Chega, un partido creado hace solo cinco años, y Letonia y Estonia están cerca de acceder a él. Polonia, por su parte, ha agudizado su larga crisis política con la elección el pasado domingo del ultranacionalista Karol Nawrocki como presidente, un resultado que ha forzado al primer ministro, Donald Tusk, a impulsar una moción de confianza que se votará el próximo día 11.

El cordón sanitario que excluye a la ultraderecha de las instituciones se ha tensado al máximo y amenaza con romperse en países como Francia, donde la Agrupación Nacional de Marine Le Pen venció en la primera ronda de las elecciones parlamentarias con un contundente 34% del voto, aunque en la definitiva fue relegada al segundo puesto. En todos los casos, la inmigración ha sido clave para explicar este auge.

Incluso partidos progresistas, como el de los laboristas en Reino Unido, han visto la necesidad de modificar su narrativa. El primer ministro británico, Keir Starmer, se ha propuesto reducir la migración neta del país durante el mandato que concluye en 2029, lo cual requerirá cancelar visados y permisos de residencia.

Además, el gobierno endurecerá su concesión de diferentes formas: desde la exigencia de cierto nivel de inglés, hasta la extensión a diez años del tiempo que debe pasar para lograr la residencia permanente, pasando por el endurecimiento de las condiciones para obtener diferentes tipos de visado. Curiosamente, entre las medidas anunciadas se encuentra también la publicación de las estadísticas de criminalidad segregadas por nacionalidad.

Otro caso que refleja bien cómo la izquierda ha ido cambiando su narrativa sobre la inmigración es el de Dinamarca. Su gobierno se ha convertido en punta de lanza de las políticas más restrictivas del continente, y uno de los principales defensores del derecho a procesar las solicitudes de asilo fuera de la UE. Concretamente, a Ruanda. Reino Unido se inspiró en su modelo aunque acabó desechando la idea, y la Italia de Meloni sigue en ello para enviarlos a Albania.

Mientras tanto, Dinamarca ha llegado a publicar anuncios en periódicos de diferentes países de origen de inmigrantes para advertirles de que ha «reducido los beneficios sociales para refugiados a la mitad», y de que ha endurecido las normas para traer a familiares y lograr la residencia permanente. «Tendríamos que haber reaccionado antes», dijo la líder de los socialdemócratas y actual primera ministra, Mette Frederiksen. De momento, su país ha cerrado un acuerdo con Kosovo para enviar allí a todos sus presos extranjeros en 2027.

En cualquier caso, el mayor rechazo de la migración se da en Europa del Este. Y Hungría es, sin duda, el principal adalid de las políticas de mano dura. No en vano, fue su primer ministro, Víktor Orbán, quien más criticó el Pacto sobre Migración y Asilo que la Unión Europea adoptó hace poco más de un año. El acuerdo pretende «aliviar la carga en los países de la UE a los que llegan más migrantes» distribuyéndolos por el territorio comunitario, algo que Budapest considera contrario a sus intereses nacionales y que critica porque «produce un efecto llamada».

«Es un modelo inoperante», denunció Barna Pál Zsigmond, secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Europeos, quien alabó el modelo húngaro, «que implica la protección de las fronteras exteriores, un sistema eficaz de expulsión, la adopción de medidas contra los traficantes de personas y la evaluación de las solicitudes de asilo fuera de la UE». Además, se congratuló de que «un número cada vez mayor de países» adoptan sus medidas. De hecho, la nueva regulación propuesta el pasado mes de marzo por la Comisión Europea ya contempla la posibilidad de que los estados miembros puedan enviar a los solicitantes de asilo a terceros países.

En el fondo de la cuestión está la argumentación de partidos como el PVV neerlandés, para los que que la inmigración ilegal es una rémora social y económica. La formación de Wilders señala, por ejemplo, que, según datos de la Inspección de Trabajo, se ha disparado el número de ciudadanos de países de fuera de la UE que trabajan de forma irregular en el país, deteriorando las condiciones laborales de quienes sí residen legalmente. Además, el político ultra afirma que, en contra de lo que asegura la narrativa progresista, la inmigración no aporta riqueza neta.

Esta idea se asienta sobre todo en el polémico estudio que llevó a cabo en Países Bajos el Instituto de Estudios Laborales IZA. Centrado en las aportaciones fiscales que a lo largo de su vida laboral hacen los inmigrantes, tanto legales como irregulares, y comparándolas con los servicios y ayudas que reciben, el pasado mes de diciembre calculó que el saldo para las arcas del Estado de cada inmigrante es de 76.000 euros, en negativo.

Esa es, además, una cifra que esconde grandes diferencias. Mientras los inmigrantes occidentales hacen una aportación positiva de 42.000 euros, los procedentes de regiones poco desarrolladas reciben 162.000 euros más de lo que aportan. Y más preocupante aún es que sus hijos, nacidos en el país, tampoco logran acercarse a la media de los nacionales, cuyo saldo es de 3.000 euros negativos.

El nuevo canciller alemán, Friedrich Merz, ha adoptado medidas de la ultraderecha para hacer frente a AfD, segunda fuerza parlamentaria. Como el endurecimiento de los controles fronterizos, a pesar del tratado de Schengen.

El primer ministro laborista, Keir Starmer, hará públicos los datos sobre delincuencia segregados por nacionalidades. Es una de las medidas de sus nuevas políticas migratorias, que dificultan el acceso a la residencia.

Reino Unido al final desistió en su intento de enviar migrantes a Ruanda, pero la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, combate a los tribunales que rechazan esa medida para tratar de enviar a los solicitantes de asilo a Albania, con la que ya ha cerrado un acuerdo.

Copenhague destinará 200 millones de euros para que Kosovo acoja en una de sus prisiones a los extranjeros condenados en Dinamarca, con la excepción de los condenados por terrorismo o crímenes de guerra, así como los que sufran problemas mentales.

Desde su concepción, el primer ministro húngaro, Víktor Orbán, rechazó el reparto equitativo de migrantes entre los países de la UE. Él propone endurecer las políticas migratorias con devoluciones en caliente, y la evaluación de solicitudes de asilo fuera de las fronteras comunitarias.