Los regantes apremian a Mazón para que se pueda expandir la desalación

En cuanto a las nuevas reglas del acueducto, la exministra de Medio Ambiente y presidenta del PSOE, Cristina Narbona, dejó en el aire el alcance real y su articulación legislativa, al señalar que no todo estaba decidido, quizás para tratar de calmar las protestas y el fuerte malestar generado en la Región de Murcia, Alicante y Almería. Dijo que el Ministerio deja un abanico de opciones, que dependerán de cómo esté la situación los dos próximos años, en los que los caudales ecológicos en el Alto Tajo subirán a 8 y 8,5 m3/s. Será cuando se noten realmente los efectos del recorte del Trasvase. «No hay una bola mágica para decirlo», comentó.

El líder del PSRM, Francisco Lucas, trata de amortiguar el golpe, aunque a priori es improbable que el Ministerio vaya a pasar por alto las fuertes restricciones al Trasvase que plantea el informe del Cedex, ya que fue un encargo a medida de Teresa Ribera. Narbona cree que la reforma propuesta, que eleva la línea roja no trasvasable y endurece el resto de niveles, debe pasar por el Congreso de los Diputados. Este punto aún no está claro: si bastará con un real decreto, o debe hacerse mediante un real decreto ley. Mientras tanto, hay comunidades de regantes que intentan comprar concesiones de agua en el Alto Tajo, aunque sería a cuentagotas, sin que ello resuelva el problema.

La interconexión de la desaladora de Torrevieja con los canales del Postrasvase, una de las grandes obras hidráulicas proyectadas en la cuenca del Segura, ha abierto otro capítulo con un encontronazo entre Narbona y la Generalitat Valenciana, al acusar la exministra al PP de la comunidad vecina de obstaculizar las obras.

El secretario autonómico de Medio Ambiente, Raúl Mérida, replicó que una de las balsas proyectadas afecta a la Red Natura 2000 en la Sierra de Escalona. «Nosotros no lo impedimos, sino que lo impide la ley. En vez de enfrentamiento, nosotros trabajamos con la ciencia», apostilló, para indicar que barajan una alterativa en un monte público de la Generalitat, donde se permite instalar una balsa «de las mismas dimensiones y similar gasto».

En eso están, tras la intervención del Sindicato de Regantes del Trasvase, cuyo presidente Lucas Jiménez y e l vicepresidente Roque Bru, han mantenido tres reuniones con miembros del Consell, una vez que se conocieron a través de LA VERDAD los reparos que estaban poniendo los gobiernos de Murcia y Valencia a este proyecto que trata de sacar adelante la Confederación Hidrográfica. El pasado 5 de abril, en un acto por los 46 años del Trasvase, Lucas Jiménez le dijo al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que era necesaria y urgente la interconexión, y que había que buscar una solución.

El bloqueo tiene como principal punto de partida los informes desfavorables de dos departamentos de la Generalitat que consideraron inviable el proyecto por motivos medioambientales, a la vez que exigían a la CHS –que sacó el proyecto a información pública en 2022– que planteara otras alternativas, que se cambiara el trazado y que se aplicaran medidas correctoras.

Los gobiernos de López Miras y Carlos Mazón no son partidarios de esta canalización porque consideran que tiene como objetivo cerrar el Trasvase para el regadío. Parece que en estos momentos hay posibilidad de avanzar con el proyecto, aunque hay una segunda parte: por parte de los regantes existen dudas sobre la capacidad financiera de la CHS y del Miteco para afrontar las obras.

Hasta ahora, los principales reparos y polémicas para el desarrollo de la desalación nacen del PP de la Comunidad Valenciana. En el año 2005, el ejecutivo de Francisco Camps puso muchas trabas a la construcción de la desaladora de Torrevieja, la mayor de Europa, en unos tiempos en los que estas instalaciones fueron llamadas 'las nucleares del mar' por algunos dirigentes populares, escocidos por la derogación del trasvase del Ebro. Ahora, las objeciones medioambientales se plantean sobre la interconexión. A esto se suma el rechazo del alcalde de Torrevieja, el popular Eduardo Dolón, a la nueva desaladora de 100 hm3 proyectada en su municipio.

En cuanto a los acuíferos, varias fuentes indican que el Ministerio y la CHS, mediadores incluidos, podrían suavizar las medidas para evitar que se produzca un cierre masivo de pozos a partir de 2027. Se trabaja a varios niveles, por medio de una interpretación flexible de la Directiva de Agua y del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, precisamente en una cuenca como la del Segura en la que puede tener cabida un amplio abanico de excepciones. En paralelo estaría la apertura de nuevos pozos, algo que se está produciendo. Por ahí van algunos tiros.

Urge actuar, de lo contrario resultaría catastrófica y explosiva desde el punto de vista socioeconómico la combinación de restar 200 hm3 de los pozos, junto a otros 100 del Trasvase, y con la desalación a medias. No basta con decir que se quieren acelerar la nuevas desaladoras.