Todas las asociaciones de la Guardia Civil se unen para exigir a Marlaska una «condena pública» de las maniobras contra la UCO

Solo un día después de que dos colectivos profesionales del cuerpo denunciaran ante los tribunales a Leire Díez por, entre otros cargos, organización criminal, las siete organizaciones representativas de la Guardia Civil se unieron para firmar un documento en el que exigen al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la directora del instituto armado, Mercedes González, una «condena pública» de las maniobras contra la UCO. Marlaska, apenas ha salido en defensa del buen nombre de esta unidad durante esta crisis, mientras que González, que la pasada semana se entrevistó con alguno de los mandos de la unidad, está completamente desaparecida durante los últimos días.

«Las asociaciones profesionales representativas de la Guardia Civil creemos que tanto el ministro del Interior como la directora general de la Guardia Civil deben condenar explícita y públicamente las presiones injustificadas a las que se está sometiendo a la UCO por parte de personas encausadas o mediadores políticos, o incluso desde el propio Gobierno», señala el documento suscrito por JUCIL, AUGC, la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil (ASES-GC), la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UOGC), la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), Independientes de la Guardia Civil (IGC) y la Asociación Profesional de Cabos de la Guardia Civil (APC-GC).

Los colectivos afirman que se «hacen eco de la indignación que existe entre el personal del cuerpo por el silencio de Interior y nuestra directora general». Un silencio que -entienden- «en este caso, no es neutral» y que no solo «deja en una posición de vulnerabilidad a nuestros compañeros», sino que además «transmite una falta de liderazgo y de compromiso con la defensa de la Guardia Civil»

«La Guardia Civil como institución debe estar por encima de intereses espurios», claman los colectivos profesionales, que afirman que es «urgente proteger su independencia a toda costa» y que esa tarea «atañe tanto al ministro del Interior como a la directora general».

Las siete asociaciones, que recuerdan que la Guardia Civil es una de las instituciones más valoradas por los ciudadanos, por «su rigor, solvencia y profesionalidad», insisten en que en un «Estado de Derecho no deben existir distinciones, sea cual sea la persona sobre la que recae una investigación».

«La igualdad en la aplicación de la Ley exige de forma absolutamente inequívoca que todos los ciudadanos sean tratados en igualdad de condiciones sin distinciones ni favoritismos. Y estas presiones sobre la UCO, que también provocan las noticias falsas, no contribuyen precisamente a ello», zanjan los representantes de los agentes en alusión a la difusión del bulo sobre la 'bomba-lapa' por parte del Gobierno.