Croem y sindicatos no descartan acudir a los tribunales por el recorte de sus asignaciones en los Presupuestos

El secretario general del PSRM, Francisco Lucas, lamentó que el presidente López Miras «haya preferido la radicalidad» en lugar de dialogar con su grupo, que le ofreció hasta el último momento una negociación sin líneas rojas. «Seguiremos defendiendo el sentido común, la centralidad y los avances sociales conseguidos», señaló Francisco Lucas.

La portavoz de Podemos en la Asamblea, María Marín, fue más allá y llamó a la movilización social para evitar el cierre del centro de menores de Santa Cruz. «Desde el jueves, la Región de Murcia lidera el ranking de la indignidad. Vamos a levantar un escudo humano y vamos a hacer que se vea esa Región de gente noble, acogedora y tolerante tan distinta de este gobierno», dijo Marín.

Desde Sumar, por su parte, consideran que se trata «de un pacto de la vergüenza que institucionaliza el racismo, alimenta la exclusión social, silencia la participación social y convierte el dinero público en moneda de cambio para blindar un Gobierno débil, rendido a los postulados de una ultraderecha trumpista».

Por parte de la patronal, el presidente de Croem, Miguel López Abad, celebró que la Región vaya a tener Presupuestos, a la vez que aseguró que la organización no descarta ir a los tribunales en el caso de que se recorten la totalidad de asignaciones de la Ley de Participación Institucional. López Abad recordó que el diálogo social «es un mandato constitucional», que la Carta Magna contiene «en sus artículos 7, 36 y 129». «No podemos mermar los derechos que tiene la sociedad recortando ese dinero que se le quita tanto a patronal como a sindicatos en un mandato constitucional que tenemos que ejercer».

Tampoco descarta la vía judicial la secretaria regional de UGT, Paqui Sánchez, quien advirtió a PP y Vox de que el sindicato «va a seguir en pie, en las mesas de negociación, ayudando a los ciudadanos de esta Región a mejorar sus derechos y condiciones laborales».

Por su parte, la secretaria general de CC OO en la Región, Teresa Fuertes, arremetió contra el acuerdo, acusando a los populares de plegarse «a unas políticas de la ultraderecha que son racistas, contra el cambio climático y contra los derechos de la clase trabajadora en la Región de Murcia».