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La asociación de vecinos ProCabo de Cabo de Palos (Cartagena) ha solicitado a la Secretaría General Técnica del Ministerio de Transición Ecológica y Reto ... Demográfico (Miteco) que reforme la normativa y la metodología para garantizar la gestión sostenible del litoral mediante el Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT). En un escrito remitido la pasada semana al órgano del Miteco, piden que integre el DPMT y sus zonas de servidumbre en los planes generales de ordenación urbana, «equiparándolos a los sistemas generales de espacios libres, dotaciones e infraestructura». ProCabo también solicita que «se introduzca un sistema de gobernanza multinivel mediante la creación de un órgano técnico arbitral –con representantes de Demarcación de Costas, confederaciones hidrográficas, autonomías, ayuntamientos y agentes sociales– para facilitar la coordinación interadministrativa, así como para que actúe como mecanismo de concertación para resolver los conflictos derivados de los deslindes desde una perspectiva científica, jurídica y social compartida».
Explican que los conflictos generados por los procedimientos de deslinde afectan desde hace años a distintos puntos del litoral murciano y, más recientemente, a núcleos como Los Nietos o la playa de Levante en Cabo de Palos. Por ello, han analizado la situación junto a urbanistas y arquitectos, abogados y técnicos de Costas y concluyen que este método genera inseguridad jurídica y carece de los medios tecnológicos y científicos que garanticen que la delimitación de la línea de costa desde el punto de vista medioambiental –que prevé la subida del nivel del mar– no se ajuste de «forma ambigua y según el técnico que la realice».
Para establecer este límite del DPMT, desde ProCabo explican que «no se emplea una tecnología, que ya existe, para monitorizar la subida del mar en puntos concretos de la costa ni procedimientos digitales, como hacen en cauces fluviales y zonas inundables; sino que se tienen en cuenta los cinco mayores temporales de los últimos cinco años para determinar este límite, pero no se explica cómo se valora». Para solucionar este problema, piden a la Secretaría General Técnica del Miteco que aplique criterios científicos actualizados en los procesos de delimitación del DPMT, incorporando factores como el aumento del nivel del mar, la recurrencia de temporales, la vulnerabilidad del suelo o la peligrosidad del medio físico. «Estos factores permitirían una zonificación más precisa y adaptada a los riesgos reales, reforzando la legitimidad de las decisiones adoptadas», aducen.
Igualmente, consideran que para justificar y legitimar las intervenciones derivadas de los deslindes, deben reconocerse los servicios ecosistémicos del litoral «con criterios y objetivos específicos, medibles y contrastables desde una perspectiva técnica y ambiental».
Según explican los vecinos, han trasladado la solicitud presentada al Miteco a la Comunidad y al Ayuntamiento. «Las administraciones regional y local no tienen los mismos criterios, sino que entienden que las construcciones del frente marítimo consolidan una línea de costa que tratan de mantenener con la prolongación de los paseos marítimos existentes». Aseguran que esto puede generar conflictos más graves, como ocurre con el Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena, que «se expuso entre agosto y noviembre pasados y que no contemplaba las afecciones que el Miteco anunció este febrero en el nuevo expediente de deslinde», lo que, consideran, puede originar problemas en su tramitación.
Desde ProCabo han analizado el sistema de compensación que se aplica en los expedientes de deslinde del DPMT, que consideran «una fórmula bastante tramposa»; «un mecanismo que difiere sustancialmente del dominio público hidráulico y la ordenación urbana y territorial. Por ejemplo –clarifican–, el deslinde de Demarcación de Costas de febrero pasado afectaba a cerca de una veintena de fincas de Cabo de Palos sobre dominio público y se establece como compensación una concesión de uso en base al valor asignado a esas propiedades. Así, si valoran la vivienda en 300.000 euros, hacen una cesión de uso de 30 años que saldaría la compensación». Mientras, detallan, a los propietarios expropiados en otros sistemas se les compensa económicamente de forma equitativa o mediante la permuta del suelo en otra zona del municipio.
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