La deuda municipal de Cartagena se reduce en otros seis millones y se queda en 54

El informe, elaborado por la Tesorería y la Intervención del Ayuntamiento, señala que la deuda de los cartageneros se ha rebajado en seis millones hasta alcanzar los 54,7 millones, lo que equivale a casi el 20% del presupuesto anual del Ayuntamiento. A final de 2024, aclaró el propio ejecutivo local, esa cifra ascendía a 60,9 millones. «Estos datos se sitúan muy por debajo de los límites que establece la normativa, cumpliendo así, también, el principio de sostenibilidad financiera», subrayaron.

Respecto a la ejecución del presupuesto, señalaron que se han recaudado 30,2 millones de euros, un 18,66% del total previsto para el año. En cuanto a los gastos, se comprometieron 105,8 millones de euros, lo que equivale a un tercio de los créditos presupuestarios, y se han pagado 50,5 millones de euros, lo que cubre el 70% de las obligaciones generadas hasta la fecha.

Por último, el informe señala que el período medio de pago a proveedores a 31 de marzo había descendido hasta los 12,4 días, frente a los 23,56 días del mes anterior. «Hemos arrancado 2025 cumpliendo con todos los principios y parámetros que marca la ley. Se han amortizado 6 millones de deuda. Estamos en situación de superávit presupuestario y el periodo medio de pago a proveedores se encuentra muy por debajo de lo que establece la norma», señaló el concejal de Hacienda, que esperaba ver resueltas todas las dudas después de que el Ayuntamiento cerrara a 31 de diciembre del año pasado con un déficit de cinco millones. Algo que obliga al Consistorio a entregar al Gobierno un Plan Económico Financiero, es decir, una guía para revertir dicha situación.

Jáudenes llamó la atención sobre la reducción del plazo de pago a proveedores, porque «genera confianza y dinamiza la economía local» y se refirió a los ingresos, que considera aún «moderados», aunque precisó que «es lo normal a estas alturas del año, porque los impuestos más relevantes se pagan más adelante».

Estas apreciaciones contrastaron con el análisis del edil socialista Pedro Contreras. El concejal de la oposición acusó al gabinete de Noelia Arroyo de «manipular» y «ocultar» cifras. A su juicio, los datos del primer trimestre del año son «demoledores». Sobre el mismo informe, Contreras resaltó que el Ayuntamiento tiene más de 1.000 facturas, por valor de 11 millones de euros, pendientes de pago y el 49,75% de las facturas, por un importe de 7 millones de euros, se están abonando fuera del plazo legal.

Los socialistas compararon los resultados con los del mismo periodo del año anterior. En este sentido, valoraron que el primer trimestre del año fue «mucho peor» que el de 2024. «El año pasado, el Ayuntamiento cerró el ejercicio con un déficit de 5 millones de euros y con un remanente de tesorería negativo de 17 millones de euros, a pesar de haber empezado el año con un avance positivo de más de 6 millones en el primer trimestre. Ahora, en el primer trimestre de 2025, la previsión positiva es de apenas 1,5 millones. Si continúa esta progresión, podría desembocar en un déficit superior a los 10 millones de euros», vaticinó el socialista.

Frente a la valoración de Jáudenes, que destacó buenas cifras en el periodo medio de pago a proveedores, Contreras defendió que este mismo indicador se ha disparado al alza. «El Ayuntamiento tiene más de 1.050 facturas pendientes de pago por 11 millones de euros. La mitad de las facturas se están abonando fuera del plazo legal».

En este sentido, el edil socialista calificó la gestión de «nefasta» y acusó al gobierno de menguar las arcas municipales y «ahogar» a las pequeñas y medianas empresas que trabajan con el Ayuntamiento. «La política de luces y fiestas del PP nos arrastra a una deriva presupuestaria que, lejos de corregirse, se agrava ante la pasividad de un gobierno que ni siquiera ha presentado el Plan Económico Financiero que legalmente debía haberse aprobado y remitido al Ministerio», sentenció Pedro Contreras.

Por unanimidad, la Comisión dictaminó el inicio del expediente para entregar la Medalla de Oro de Cartagena al Colegio de Abogados coincidiendo con su 175 aniversario y en agradecimiento a los servicios prestados a los ciudadanos más vulnerables. También la nominación del parque de los Siete Claveles Cantonales, junto a la nueva zona de expansión de Santa Lucía, frente al Instituto Hespérides, así como la nominación del Parque del Ingeniero Isidoro Carrillo Laorden, en Cabo de Palos, junto a su casa natal. Asimismo, se aprobó que las festividades locales de 2026 sean el Viernes de Dolores y el viernes 25 de septiembre, por Carthagineses y Romanos.

La Comisión de Hacienda dictaminó favorablemente la aprobación definitiva del Reglamento de Funcionamiento del Pleno de las Juntas Vecinales tras desestimar las alegaciones formuladas por un particular referentes a la división territorial y las competencias genéricas con respecto a jardines públicos; al igual que siete enmiendas de MC relativas, entre otras cosas, a la composición de la comisión de coordinación de las Juntas de Distrito, la denominación de la propias juntas como «vecinales» y no solo «municipales»; así como los turnos de intervención de los vocales.

MC pidió la retirada del asunto por la falta del informe técnico respecto a sus alegaciones. El gobierno justificó que las enmiendas se presentaron el jueves a mediodía y que no dio tiempo a informar, al ser el viernes fiesta para los funcionarios. Así, la retirada del punto del orden del día fue rechazada con los votos del gobierno PP-Vox, que también votó en contra de las siete enmiendas, mientras que el PSOE se abstuvo.

Con esta nueva ordenanza, el equipo de gobierno «quiere actualizar y mejorar el funcionamiento de los plenos de las junta municipales en barrios y diputaciones con un texto al margen del nuevo reglamento de Participación, que ya ha sido aprobado definitivamente».

El reglamento, defendió el ejecutivo, flexibiliza el horario de la sesiones, previendo que, en caso de acuerdo unánime de todos los vocales, pueda celebrarse dentro del horario laboral y señala un plazo de 72 horas de antelación para presentar iniciativas. Igualmente, regula la obligación de anunciar con diez días de antelación la celebración de los plenos y las intervenciones de los vocales que será por riguroso orden de representatividad, así como la posibilidad de que, a instancias del presidente, puedan participar técnicos municipales.

Desde MC, defendieron que sus alegaciones se habían registrado «dentro del plazo legal» y que tenían por fin «garantizar el derecho a la participación real de los vocales, frente a un modelo que quiere reducirlos a meros espectadores», criticó el portavoz cartagenerista Jesús Giménez Gallo. Giménez Gallo acusó al Ayuntamiento de convocar la comisión a sabiendas de que las enmiendas no iban a poder ser informadas por los técnicos.

MC, que no descarta llevar el nuevo reglamento a los tribunales, criticó que el documento convierte a los presidentes de las juntas en «reyezuelos de barrio, con 30 minutos para hablar, mientras los vocales apenas disponen de cinco para todo. Una desigualdad vergonzosa que busca silenciar y censurar».