Francia impulsa una estructura judicial para combatir la mafia en Córcega

El Estado «quiere frenar» esta impregnación de la mafia «destinando unos recursos inéditos contra el crimen organizado», insistió Darmanin, que entre 2020 y 2024 llevó las riendas del Ministerio del Interior. La creación del polo antimafia, que terminará de concretarse este verano, fue adoptada a través de una circular. Según ese texto, «la delincuencia de derecho común está relativamente controlada en Córcega», pero la isla «sigue sufriendo la persistencia de una criminalidad organizada profundamente arraigada, estructurada y que corrompe a su sociedad».

Este territorio insular, conocido por la belleza de sus paisajes y su fuerte identidad local, tiene los niveles de criminalidad más elevados en términos porcentuales de la Francia metropolitana. El año pasado hubo 18 homicidios y seis intentos de asesinato en Córcega, que cuenta con 355.000 habitantes -una cifra similar a la de una ciudad como Bilbao o Alicante-. También se produjeron cerca de 3.000 destrucciones de bienes, siendo los más espectaculares los incendios de casas y barcos. Además del tráfico de drogas, las mafias están implicadas en la gestión de residuos, lo que «comporta un riesgo irremediable en el excepcional patrimonio natural de la isla», denuncia la circular gubernamental.

A esas actividades delictivas se le suman las acciones de violencia material por parte de grupúsculos independentistas. Aunque el Frente de Liberación Nacional Corso -una banda local con reminiscencias a ETA- había abandonado en 2014 la lucha armada, reivindicó el año pasado tres atentados que no provocaron heridos ni víctimas mortales. Este incipiente resurgimiento del terrorismo en Córcega se ha producido en un contexto de inciertas negociaciones entre el gobierno insular, liderado por el autonomista Gilles Simeoni, y el Ejecutivo central. Tienen como objetivo la creación de un estatuto de autonomía para la isla.

En el caso del flamante polo anti-mafia, una de sus principales consecuencias será una descentralización de la justicia. Gracias a esa nueva estructura, priorizarán que juzguen en la isla la mayoría de los delitos relacionados con grupos mafiosos, con la excepción de los homicidios y los atentados terroristas que seguirán juzgándose en Marsella y París respectivamente. También tendrá como objetivo que aumenten las investigaciones financieras en aras de requisar los bienes de los mafiosos, y que disminuya la proliferación de armas y la delincuencia medioambiental.

Además, las autoridades han previsto incrementar en 57 los funcionarios judiciales presentes en Córcega, entre los cuales habrá 17 nuevos jueces especializados en la lucha contra el crimen organizado. Este anuncio ha tenido una acogida positiva en la sociedad insular. «El Estado ha hecho lo que debía», declaró Hélène Davo, presidenta del Tribunal de Apelación de Bastia, en declaraciones al diario 'Le Monde'. «Representa un cambio de paradigma, una respuesta institucional a la implantación mafiosa», añadió esta magistrada.