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Nueva ofensiva parlamentaria que deja al ala socialista del Gobierno aislada. El Grupo Parlamentario Popular registró hace unos días una Proposición no de Ley para ... instar al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que dé explicaciones por el apagón que sufrió la Península Ibérica el pasado 28 de abril. «Ni Pedro Sánchez, ni el Ministerio para la Transición Ecológica, ni Red Eléctrica han dado explicaciones claras ni suficientes al respecto», señala el principal grupo de la oposición en el escrito registrado en las oficinas del Congreso de los Diputados.
Pero este no es el único texto presentado en la Cámara Baja en los últimos días exigiendo explicaciones. Al escrito del Partido Popular se suma el de Sumar, que insta al departamento de Sara Aagesen a explicar por qué los ciudadanos están pagando «un sobrecoste en sus facturas de la luz para dar mayor seguridad al sistema energético».
Pasado un mes del 'blackout' que afectó durante más de 12 horas a España y Portugal, aún se desconocen las causas del cero energético que provocó que millones de hogares, negocios e industrias se quedaran sin suministro eléctrico. «Es un hecho probado que el sistema tuvo evidentes problemas de tensión y frecuencia, motivados por una operación del sistema errónea, donde la falta de generación síncrona e inercial, respaldada suficientemente por tecnologías como la nuclear, la hidráulica o los ciclos combinados, estuvo detrás del apagón», denuncia el Partido Popular.
El texto, presentado por 16 diputados y encabezado por Miguel Tellado, portavoz del grupo popular, exige al Gobierno todos los datos del evento ocurrido en abril, datos que Moncloa cuantifica en más de 756 millones de registros del sistema energético, los cuales deberían clarificar las causas del apagón. La petición, basada en un ejercicio de transparencia —según defiende el PP—, busca esclarecer qué ocurrió el 28 de abril. «El Gobierno ha falseado datos clave», denuncian los populares. «Ha afirmado que no había una demanda excesivamente alta y que la potencia instalada era suficiente. A día de hoy sabemos que al menos hubo once avisos de fallos en el sistema que fueron ignorados. Pero el problema no fue de potencia total, sino de capacidad de respuesta», advierte el equipo de Alberto Núñez Feijóo.
Los populares exigen acceder a la llamada «caja negra» —término tomado del ámbito aeronáutico—, que registra en tiempo real millones de datos sobre la operación del sistema. Esta información —recopilada por Red Eléctrica de España (REE) mediante un requerimiento oficial a todas las centrales nucleares, hidroeléctricas, térmicas, eólicas y solares— se encuentra actualmente sobre la mesa del despacho de Aagesen y también de Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica. Además, los populares solicitan a la SEPI, a Hacienda y a Transición Ecológica una copia de las conversaciones entre los técnicos
Las críticas no solo llegan desde la oposición, sino también desde el propio socio de coalición. El 2 de junio, Eloi Badia y Fèlix Alonso Cantorné, diputados de Sumar, registraron en la Cámara Baja una pregunta dirigida al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre la subida de la factura de la luz tras el 28 de abril.
Desde esa fecha, como informó este periódico, REE dio un giro de 180 grados a su política energética, inyectando más gas al sistema para estabilizarlo y evitar futuros apagones. Entre el 29 de abril y el 29 de mayo, el gestor del sistema ha inyectado 2.276 gigavatios-hora (GWh) de gas a través de plantas de ciclo combinado, casi el doble del mismo periodo del año anterior, cuando la cifra alcanzó los 1.578 GWh, lo que supone un aumento del 44 %. «Es un antibiótico para dar estabilidad al paciente», llegó a decir Aagesen en sede parlamentaria para defender la medida. «Es caro y de amplio espectro», añadieron expertos.
En concreto, esta medida —provisional, según el Gobierno— aumentará de media la factura de la luz de los hogares españoles cerca de 6 euros. «Será más en el caso de los negocios y las industrias», añaden fuentes del sector. Ahora, Sumar exige al MITECO una explicación detallada sobre esta medida.
Tras la presentación de estas solicitudes, y conforme al Reglamento del Congreso de los Diputados, Moncloa tiene un plazo máximo de treinta días para responder por escrito a ambas peticiones.
Por su parte, Aelec, la asociación que aglutina a Endesa, EDP e Iberdrola, ha reiterado su disposición a seguir trabajando de forma abierta con las autoridades y grupos de investigación tanto a nivel nacional como europeo, y mantienen su compromiso de actuar con claridad. Además, descartan que ninguna compañía se haya negado a facilitar información o retrasando las respuestas sobre el apagón reciente.
«Lanzar acusaciones sin pruebas concretas —ya sea contra las energías renovables o las tradicionales— solo alimenta la desconfianza y perjudica injustamente a compañías con una larga trayectoria profesional en el suministro eléctrico del país», denuncia la asociación en un comunicado.
Desde el primer momento, -aseguran- han ofrecido su colaboración a investigadores, medios, expertos y al público en general. «La voluntad de ser transparentes y de contribuir a esclarecer lo ocurrido sigue siendo total, y lo seguirán demostrando con hechos», aclaran.
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